La Argentina recibió un nuevo revés judicial en el exterior. Un tribunal de Estados Unidos condenó al Estado nacional a pagar una indemnización cercana a los US$390 millones por la expropiación de Aerolíneas Argentinas y Austral, una operación concretada en 2008 durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.
El fallo se originó en el reclamo presentado por antiguos accionistas de la compañía, entre ellos el Grupo Marsans, que cuestionaron la compensación recibida luego de que el Estado argentino tomara el control de la empresa.
La disputa comenzó hace casi dos décadas, cuando el Gobierno argentino impulsó la recuperación de la aerolínea de bandera argumentando que la compañía atravesaba una profunda crisis financiera y que resultaba necesario garantizar la conectividad aérea del país.
La expropiación fue aprobada por el Congreso en 2008 y desde entonces Aerolíneas Argentinas quedó nuevamente bajo control estatal. La empresa pasó a cumplir un rol estratégico dentro del sistema aerocomercial argentino, especialmente en la conectividad entre Buenos Aires y las provincias.
Sin embargo, el proceso derivó en una extensa batalla judicial internacional por el valor de la compañía y la compensación correspondiente a los accionistas privados.
La resolución conocida ahora establece una condena económica contra la Argentina que, de confirmarse definitivamente, deberá ser afrontada por el Estado nacional.
Un conflicto que atravesó distintos gobiernos
El litigio atravesó diferentes administraciones nacionales y se convirtió en uno de los tantos reclamos internacionales derivados de decisiones económicas adoptadas en las últimas décadas.
Desde el oficialismo que impulsó la estatización siempre se defendió la medida como una herramienta necesaria para preservar una empresa estratégica para el país. Sus críticos, en cambio, cuestionaron el costo fiscal de mantener la compañía bajo gestión estatal y la forma en que se llevó adelante la operación.
El impacto sobre Aerolíneas Argentinas
La resolución judicial no afecta la operación actual de Aerolíneas Argentinas, que continúa funcionando como la principal aerolínea del país y uno de los actores centrales del turismo nacional.
La compañía mantiene una amplia red de vuelos domésticos y regionales, con rutas que conectan destinos que muchas veces no resultan atractivos para operadores privados por razones de rentabilidad.
No obstante, el fallo vuelve a instalar el debate sobre las consecuencias de las decisiones tomadas en torno al futuro de la empresa y sobre el costo que los litigios internacionales generan para las cuentas públicas.
