La suspensión del Festival Nacional de la Salamanca por tercer año consecutivo vuelve a encender un debate que excede lo presupuestario y plantea un interrogante de fondo para el turismo cultural: quién tiene hoy la titularidad legal del nombre de uno de los eventos más emblemáticos del norte argentino.
Mientras desde el Municipio de La Banda se esgrimen razones económicas para justificar la cancelación, documentación oficial del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI) confirma que la marca “Festival de la Salamanca” no pertenece al Estado local, sino que cuenta con titularidad privada, registrada en la Clase 41, correspondiente a la organización de eventos culturales y festivales.

Qué dicen los registros oficiales

Según consta en el INPI, el 13 de septiembre de 2022 se inició la solicitud de registro de la marca “FESTIVAL DE LA SALAMANCA” como denominativa, Clase 41, a nombre de Eduardo Carabajal. El trámite fue publicado en el Boletín de Marcas y, en marzo de 2024, se certificó la transferencia de la titularidad a Juan Emilio Carabajal, quien figura actualmente como titular vigente.
Este punto no es menor desde la óptica turística: la Clase 41 define el uso comercial y organizativo del festival, por lo que cualquier realización del evento requiere autorización expresa del titular de la marca. En ausencia de esa habilitación, la cancelación deja de ser una decisión cultural o presupuestaria y pasa a tener implicancias legales.

Impacto en el destino y en la economía local

La ausencia de la Salamanca no solo afecta la agenda cultural: impacta directamente en la actividad turística de La Banda, que pierde su principal atractivo del mes de febrero. Hotelería, gastronomía, feriantes, emprendedores, transporte y servicios vinculados al evento quedan fuera de una temporada que históricamente funcionaba como motor económico regional.
A diferencia de otros destinos del norte argentino —como La Rioja con la Chaya o Jujuy con sus festivales de verano—, La Banda queda sin su marca identitaria en el calendario nacional, debilitando su posicionamiento como destino cultural.

¿Un problema económico o de gestión del patrimonio cultural?

Desde el sector turístico, la discusión abre una pregunta clave: ¿cómo se gestionan los eventos que definen la identidad de un destino cuando su nombre no está en manos públicas?. La falta de claridad sobre licencias, convenios o derechos de uso expone a los municipios a conflictos que terminan afectando la continuidad de productos turísticos consolidados.
En este contexto, también circularon versiones sobre la posibilidad de que la familia Carabajal impulse una edición del festival por fuera del esquema municipal, lo que refuerza la necesidad de reglas claras y acuerdos transparentes entre lo público y lo privado.

Un caso testigo para el turismo cultural

El caso de la Salamanca deja una lección para destinos turísticos de todo el país: los festivales no son solo expresiones culturales, también son activos estratégicos, y su protección legal forma parte de la política turística.
Sin planificación, sin acuerdos formales y sin control sobre los símbolos que representan a una comunidad, los destinos quedan expuestos a perder mucho más que un evento: pierden identidad, previsibilidad y competitividad turística.
En La Banda, hoy, el folklore sigue siendo del pueblo. Pero el nombre que lo convoca, según los registros oficiales, tiene dueño. Y mientras ese punto no se resuelva, el principal festival de la ciudad seguirá fuera del calendario turístico nacional.