La Provincia de Buenos Aires decidió no participar este año con un stand propio en la Feria Internacional de Turismo. La explicación oficial es presupuestaria. Pero la decisión abre una discusión mucho más incómoda: mientras el Gobierno bonaerense asegura que no tiene recursos para promocionar sus destinos en el principal encuentro turístico de América Latina, mantiene un millonario esquema de publicidad oficial y profundiza su disputa política con la Nación.
La Feria Internacional de Turismo volverá a realizarse este año entre el 26 y el 29 de septiembre en La Rural de Buenos Aires. Se trata de la principal vidriera turística de la Argentina y uno de los encuentros más relevantes de América Latina, con participación de provincias, municipios, empresas, agencias, operadores y prestadores de todo el país.
En ese escenario, la ausencia de la provincia de Buenos Aires con un stand propio no debería pasar inadvertida. La explicación es conocida: no hay presupuesto para afrontar el gasto que implica la participación institucional. El argumento puede ser válido. Las provincias atraviesan restricciones presupuestarias y cada administración tiene derecho a definir sus prioridades. El problema aparece cuando se observa el conjunto de las decisiones de gasto.
Porque la Provincia de Buenos Aires destinó durante 2025 unos $58.300 millones a publicidad oficial, de acuerdo con relevamientos realizados sobre resoluciones de pago de la administración bonaerense. El monto representó además un incremento real del 63% respecto del año anterior. Entonces la pregunta resulta inevitable: ¿realmente no hay recursos para promocionar el turismo bonaerense o se decidió que la FIT dejó de ser una prioridad?
La diferencia no es menor.
Un stand en la FIT no constituye simplemente un gasto de representación. Es una herramienta comercial y promocional. Allí se encuentran destinos, municipios, hoteles, agencias de viajes, operadores receptivos, prestadores y potenciales compradores. Es, justamente, uno de los pocos espacios en los que un destino puede concentrar en cuatro días buena parte de su oferta frente a profesionales y público especializado. Para 2026, la organización de la FIT informa un valor de US$ 315 más IVA por metro cuadrado para un stand básico llave en mano.
Es decir que el debate no debería ser solamente cuánto cuesta estar en la FIT, sino qué retorno puede generar esa inversión y qué otras partidas del presupuesto se consideran prioritarias frente a ella.
La política también aparece
La decisión, además, llega en un contexto político particular. El Gobierno de Axel Kicillof mantiene desde hace tiempo un fuerte enfrentamiento discursivo con la administración nacional. En mayo pasado, el ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Augusto Costa, volvió a cuestionar las políticas nacionales y sostuvo que el Gobierno de Javier Milei había “abandonado” al turismo y recortado recursos para las provincias.
En ese contexto, la ausencia de Buenos Aires de la principal feria turística del país puede ser leída también desde una dimensión política.
No porque sea imposible que exista una restricción presupuestaria real. La Provincia, de hecho, declaró para 2026 la emergencia económica de la provincia y sus municipios, argumentando dificultades financieras y una reducción de transferencias nacionales. Pero precisamente por eso la pregunta se vuelve más interesante: ¿por qué el ajuste alcanza a la presencia turística en la FIT y no necesariamente a otros instrumentos de comunicación y posicionamiento político?
Una presencia que tampoco venía siendo precisamente ejemplar
Hay además otra discusión que el sector turístico debería animarse a dar. La presencia de la provincia de Buenos Aires en las últimas ediciones de la FIT tampoco se caracterizó precisamente por convertirse en una referencia de promoción turística federal. En distintos años, el stand bonaerense apareció como un espacio institucional con una propuesta que, frente al tamaño, diversidad y potencial turístico de la provincia, muchas veces pareció quedarse corta.
Y eso es particularmente llamativo.
Buenos Aires tiene costa atlántica, turismo rural, pueblos turísticos, termalismo, sierras, Delta, patrimonio histórico, gastronomía, turismo de reuniones, pesca, naturaleza y una enorme cantidad de municipios con productos turísticos consolidados o en desarrollo. La provincia tiene, objetivamente, muchísimo más para mostrar de lo que muchas veces terminó mostrando en la FIT. Sus participaciones han sido realmente malas, stands vacíos de contenido y sobre todo de ideas, esteticamente pobres. Eso sería lo de menos.
Por eso, si la participación anterior no era satisfactoria, la discusión lógica debería haber sido cómo mejorarla. No necesariamente gastar más.
Gastar mejor.
Una provincia que cuenta con semejante diversidad turística podría utilizar la FIT como una verdadera plataforma de negocios: reuniones con operadores, presentación de nuevos productos, generación de acuerdos comerciales, capacitación, promoción de destinos emergentes y articulación entre municipios y sector privado. La alternativa parece haber sido directamente no estar. Temas presupuestarios tuvieron todos los años, pero nunca dejaron de participar. Hace mucho tiempo que la provincia no tiene un proyecto serio de turismo. No ha logrado movilizar la estacionalidad de la costa y ha perdido a manos de otros destinos sus resultados de la temporada estival.
¿Y los municipios?
La decisión provincial también genera una pregunta para los municipios bonaerenses. Muchos destinos dependen de la FIT para conseguir visibilidad que no pueden obtener individualmente durante el resto del año. Para ellos, la presencia provincial puede funcionar como una plataforma común, especialmente para localidades pequeñas que no cuentan con recursos suficientes para montar una estrategia de promoción nacional por cuenta propia.
La ausencia de la Provincia puede terminar dejando a muchos municipios librados a sus propios recursos. Y ahí aparece una paradoja adicional: mientras la FIT continúa siendo utilizada por provincias y municipios de todo el país como espacio de promoción y comercialización, Buenos Aires —la provincia más poblada y uno de los territorios con mayor diversidad turística de la Argentina— decide no ocupar ese lugar. No hay problema, alguien lo va a ocupar.
El verdadero debate
La discusión, entonces, no debería reducirse a si un stand cuesta mucho o poco. El debate es qué entiende una administración pública por inversión turística. Si promocionar destinos, generar negocios, atraer turistas y facilitar el contacto entre prestadores y operadores es una política pública, entonces la FIT debería ser evaluada en términos de resultados y no simplemente como un gasto. Luego en verano vendrán las críticas de por que el Argentino viaja a Brasil, Cancún o Punta Cana.
Y si la conclusión de la Provincia es que su participación no genera resultados suficientes, debería explicar cuáles fueron esos resultados durante las últimas ediciones y por qué decidió abandonar el formato.
Pero si el problema es exclusivamente presupuestario, entonces también sería razonable conocer cuánto representa el stand de la FIT dentro del presupuesto total de comunicación de la Provincia. Porque los números obligan a formular una pregunta incómoda:
¿Realmente Buenos Aires no tiene dinero para estar cuatro días en la FIT o decidió que esos recursos pueden utilizarse mejor en otros objetivos?
La diferencia entre ambas respuestas es enorme. Y, sobre todo, debería ser explicada a los empresarios, prestadores, municipios y trabajadores del turismo bonaerense. Porque la promoción turística no debería convertirse en otra víctima de la pelea política entre Nación y Provincia.
