En la Argentina, hablar de generación de empleo se ha vuelto un lugar común. Todos los espacios políticos, desde el oficialismo hasta la oposición más recalcitrante, coinciden en que el país necesita crear trabajo genuino, formal y sostenido. Sin embargo, muy pocos se atreven a decir con claridad qué lo impide. La trampa está en el sistema. Y mientras no desmontemos las estructuras que lo sostienen, no habrá reformas, subsidios ni programas que puedan revertir la parálisis productiva.
El primer obstáculo —el más silenciado y, a la vez, más corrosivo— es la falta de seguridad jurídica para quien contrata. En la Argentina de hoy, contratar personal es una acción de riesgo. No por la voluntad del trabajador ni por la falta de capital, sino por el modo en que la legislación laboral, la justicia del trabajo y ciertos sectores sindicales han transformado la relación laboral en un campo minado.
Cientos de miles de pequeñas y medianas empresas trabajan al borde de la informalidad o en estructuras mínimas, no porque no quieran crecer, sino porque saben que crecer puede costarles la ruina. No es teoría. Es práctica. Es la historia del comerciante que fue a juicio por despedir a un empleado que en realidad renunció. Del emprendedor que contrató en blanco y fue castigado como si hubiera cometido un delito. Del productor que fue extorsionado por un sindicato local para abrir su planta sin bloqueos. Esos casos existen, se repiten y forman parte de un sistema perverso que desalienta la inversión, el empleo y la expansión.
La “industria del juicio laboral” es una realidad. No hay empresario pyme que no tenga una historia que contar. Lo que debería ser una herramienta de protección al trabajador, se ha convertido en un arma de presión contra quien genera empleo. Una interpretación sesgada de la ley, una mirada ideologizada de la justicia, y el incentivo económico de los estudios jurídicos que cobran un porcentaje del juicio, terminan alimentando una lógica que premia la confrontación y castiga el acuerdo.
A esto se suma otro actor clave en el bloqueo del desarrollo: el poder sindical corporativo, muchas veces transformado en estructura mafiosa. No hablamos de la defensa de los derechos laborales, sino del uso extorsivo de esos derechos para obtener poder, dinero y control. En numerosas industrias, no se puede contratar, despedir, ni siquiera abrir un local, sin la “bendición” de un delegado que responde más a intereses políticos o económicos que a las necesidades de los trabajadores.
Lo que necesita la Argentina no es más legislación laboral, sino menos obstáculos para que funcione la que existe. Un marco claro, justo, previsible. Una justicia laboral que defienda al trabajador sin destruir al empleador. Un sindicalismo que represente, no que extorsione. Y, sobre todo, un Estado que deje de mirar para otro lado.
El verdadero desafío no es “crear empleo”, como dicen los discursos. El desafío es liberar al empleo del corset normativo, judicial y mafioso que lo mantiene prisionero. Porque mientras un emprendedor tenga más miedo a un juicio laboral que a una crisis económica, mientras una pyme no sepa si podrá defenderse ante una denuncia falsa, mientras los acuerdos se cierren más en la sombra que en los contratos, la economía argentina seguirá estancada.
Las reformas que se discuten hoy en el Congreso pueden ser un primer paso, pero no bastan. Hace falta una transformación cultural y estructural. Una que reconozca al empleador como aliado del desarrollo, no como enemigo. Una que entienda que sin libertad para contratar, no hay libertad económica real. Y que sin seguridad jurídica, el empleo no es un derecho: es una ilusión inalcanzable.
La salida es por el lado de la confianza, la previsibilidad y la libertad. No se trata de flexibilizar derechos, sino de blindar la posibilidad de ejercerlos en condiciones de equidad para ambas partes. Porque en un país donde contratar es un riesgo, emprender es un acto heroico. Y eso no puede seguir siendo así.
Res non verba.
