El turismo en Argentina está llegando a una encrucijada. En plena recuperación tras el impacto de la pandemia, el sector demuestra su capacidad para generar crecimiento económico y sobre todo empleo —pero también vislumbra los cuellos de botella que lo frenan. Una de las palancas que hoy debe activarse con urgencia es la reforma laboral: no como una reforma abstracta, sino como un instrumento que habilite a la industria turística a cumplir su rol estratégico. Como un motor de crecimiento en empleo, federalismo y sobre todo arraigo.
Por un lado, los hechos hablan por sí mismos. Según datos de la World Travel & Tourism Council (WTTC), el turismo en Argentina podría aportar cerca de USD 39.000 millones al PIB en 2025, lo que equivaldría a alrededor del 6% de la economía nacional. Y se prevé que el empleo en el sector alcance más de un millón y medio de puestos de trabajo, es decir, una proporción relevante de la fuerza laboral. Al mismo tiempo, el informe oficial de la Cuenta Satélite de Turismo señala que en 2022 la industria turística empleaba cerca de 1.197.000 personas, de las cuales unos 504.000 eran asalariados registrados y 403.000 asalariados no registrados, cifras dificiles de calcular sobre todo en la parte no registrada.
Estos números muestran dos cosas: el turismo tiene dimensión y potencial —y también estructura—. Pero la estructura revela un problema: la informalidad y los empleos precarizados están presentes en la cadena de valor turística. En este contexto, avanzar con una reforma laboral bien planteada podría brindar los incentivos para que más empleos sean formales, para que las empresas inviertan sin temor a litigios o rigideces excesivas, y para que la estacionalidad típica del turismo (temporadas altas y bajas) encuentre instrumentos adaptados al sector.
¿Qué significa esto en la práctica?
Un marco laboral que contemple contratación más ágil para picos de demanda, por ejemplo en temporada alta, pero para todos los rubros, no solo los que existen hoy como instructores de esquí, guardavidas o empleados de balneario, sin que ello implique concesiones a la calidad, la capacitación y el derecho de los trabajadores.
Incentivos de formalización que reduzcan las barreras para pequeños prestadores, trabajos de alojamiento, gastronomía, servicios de experiencia, choferes de Uber, para que pasen de la informalidad al empleo registrado.
Mayor predictibilidad jurídica para inversores y prestadores: menos sobrecarga normativa o procesos que desincentiven abrir o ampliar negocios turísticos.
Un énfasis en el empleo de calidad: si el turista busca experiencias, hospitalidad, servicios bien preparados, el recurso humano es clave. Por tanto, formalizar esos empleos no es un costo extra, sino una ventaja competitiva. A su vez queda demostrado el crecimiento poblacional en los destinos que logran posicionarse y como ello atrae poblacion a los lugares más recónditos, vease por ejemplo El Calafate, Puerto Madryn, Cafayate, etc.
El argumento a favor de la reforma se hace aún más sólido si tenemos en cuenta que el sector turístico arrastra retos estructurales: por ejemplo, se informa que las salidas de argentinos al exterior ya son mucho más numerosas que los ingresos de turistas internacionales, lo que genera desequilibrios para la industria receptiva. Y que pese al crecimiento proyectado, la informalidad laboral general en Argentina se ubica en niveles elevados, lo que afecta especialmente a industrias intensivas en servicios, como el turismo.
Claro está, reformar no significa precarizar. El desafío está en diseñar mecanismos que combinen flexibilidad responsable con derechos laborales sólidos. Si se convierte en una puerta hacia mayor vulnerabilidad, terminará perjudicando justamente el motor de empleo que queremos potenciar. Las asociaciones del sector, los sindicatos y las cámaras empresariales deben participar activamente en esa construcción, para blindar los derechos, pero también despejar la rigidez que inhibe crecimiento y sobre todo eliminar la industria del juicio que a el turismo y la gastronomía afecta particularmente. Mediante un sin fin de juicios injustos prestadores, agencias, hoteles, restaurantes y demás quedan quebrados y sin resto para invertir en crecimiento.
Finalmente, para un país que aspira a que el turismo sea un motor de desarrollo regional —que beneficie al interior, que genere empleo digno en cada rincón— la reforma laboral no es una opción, es una herramienta. Si se hace bien, puede habilitar un crecimiento más rápido, más inclusivo, más formal con un horizonte del 20% del empleo del país. Si se demora o se hace mal, el turismo seguirá siendo una promesa con limitaciones.
Argentina tiene los recursos —naturaleza, cultura, identidad, mercados de cercanía— para que su industria turística sea protagonista. Lo que falta es que el marco laboral lo permita. Y en eso, una reforma bien diseñada puede marcar la diferencia.
